Félix Ruibal, uno de los dos imputados por el retraso de tratamientos de hepatitis C, es en la actualidad el máximo responsable del Área Sanitaria de Vigo, ha sido el encargado de poner en marcha el polémico hospital de gestión público privada de la ciudad, el Álvaro Cunqueiro.
Ruibal llegó a Vigo el 24 de abril de 2015 y sobrevivió tanto a la gran manifestación que recorrió las calles de Vigo en Septiembre como al reemplazo de la conselleira que le había designado, Rocío Mosquera.
Desde entonces ha tenido que hacer frente a un gran número de críticas y protestas, tanto por parte de la junta de personal, de los propios trabajadores o de asociaciones en defensa de la Sanidad Pública: reducción de camas, falta de personal, problemas estructurales, dificultades para esterilizar material, elevados precios en el parking, comida intragable... Son sólo algunos de los motivos que han llevado al comité de empresa a convocar una nueva manifestación para el próximo 12 de mayo.
Pero a la elevada cantidad de críticas que despierta el hospital se unió recientemente la propia actitud del gerente, calificada de "prepotente" por los propios trabajadores. La situación explotó recientemente cuando Ruibal envió una carta pidiendo la retirada de carteles críticos con la asistencia sanitaria del hospital, que incluía amenazas veladas de posibles represalias. En este caso, los trabajadores respondieron con rapidez con una concentración que denunció la censura y que trajo consigo promesas de una mayor capacidad de diálogo.
La situación ha llevado a CCOO a pedir el cese o la dimisión de Ruibal en varias ocasiones, esta imputación procedente de su etapa como director de asistencia sanitaria no hace sino darles un motivo más. El sindicato considera que la investigación debería "conllevar el cese de Rubial", además de otras responsabilidades políticas.
Desde el sindicato no han dejado pasar la ocasión de valorar como "negativo" el año que lleva Ruibal en Vigo, que relacionan con "recortes, copagos..." Recuerdan que nunca les pareció la persona ideal para defender el proyecto vigués, después de "llevar 300.000 potenciales pacientes para el área de Santiago en algunas especialidades, impulsar varias privatizaciones...". Por eso le reclaman al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade que proceda a cesarlo de forma inmediata.