Desde los funcionarios de Justicia, que llevan ya cerca de un mes en huelga y celebrando protestas, avanzan que el 22 de mayo, si no hay una oferta firme, los paros se haran generalizados.

 

En ese sentido, y si no hay una negociación que pueda evitarlo, el sector convoca una manifestación que esperan sea multitudinaria para el 25 de mayo, días antes de las elecciones municipales. 

 

Foto: EP


Los funcionarios de Justicia han acordado "endurecer" su postura de paros parciales diarios y de jornada completa puntuales que comenzaron el pasado 17 de abril de forma indefinida para reclamar mejoras salariales, advirtiendo ahora de que pasarán a hacer una huelga total a partir del 22 de mayo si el Gobierno, en los próximos diez días, "no pone encima de la mesa una propuesta económica".

Tras una reunión este miércoles, el comité de huelga de los funcionarios ha optado por esta medida de presión, emplazando al Ministerio de Justicia, al de Hacienda y Función Pública y también expresamente al presidente del Gobierno a hacerles llegar una propuesta dentro de ese plazo "para evitar el colapso absoluto en la Administración de Justicia".

"Hemos decidido endurecer las medidas y a partir del día 22 habrá huelga indefinida en la Administración de Justicia si el Ministerio no pone encima de la mesa una propuesta económica. Tienen diez días", ha anunciado en declaraciones a los medios Javier Jordán, presidente nacional de Justicia del sindicato CSIF y miembro del comité de huelga, en el que se integran además STAJ, CCOO y UGT.

Ha enfatizado que los datos de seguimiento de la huelga "crecen todos los días" y hacen que la administración esté "paralizada", dado que cada vez son "muchos más" los procesos que se suspenden.

Según sus cálculos, cada día de paro obliga a suspender unos cinco millones de actuaciones procedimentales. "Los juicios es difícil de calcular pero hablamos de decenas de miles todos los días", sobre todo los martes, miércoles y jueves, que es cuando más vistas se acumulan, ha puntualizado, avisando de que pueden ser "fácilmente unos 20.000 juicios los que se están suspendiendo, si no son más".

Para CSIF, esta situación tiene un "único responsable" y es "el Gobierno de España, que se niega a negociar, a poner encima de la mesa una propuesta económica como sí ha hecho con los Letrados" de la Administración de Justicia (LAJ), cuya huelga se prolongó dos meses, "y está haciendo con jueces y fiscales" para que no la lleven a cabo a partir del día 16, ha sostenido.

 

MANDAN UNA CARTA A SÁNCHEZ

Preguntado por si cree que el Gobierno está esperando a llegar acuerdo con jueces y fiscales para luego negociar con el colectivo de funcionarios, Jordán ha reiterado que el Ejecutivo tiene diez días para hacer una propuesta y ha dicho no saber cuál es la estrategia de Justicia. "La desconozco, pero si está esperando a eso tendrá que cerrar cuanto antes el acuerdo con los jueces para ponerse a negociar con nosotros", ha trasladado Jordán.

Y además de la posibilidad de huelga indefinida, ha explicado que el comité ha acordado realizar una "gran" manifestación el próximo 25 de mayo en las calles de Madrid que irá desde la sede del Ministerio de Justicia hasta la del Ministerio de Hacienda --que será "mucho más numerosa que de la del 19 de abril--, así como recordar sus reivindicaciones a los ministros en los actos a los que asistan "a lo largo y ancho del país".

En un comunicado, recogido por Europa Press, CSIF ha indicado que también el comité de huelga ha registrado en el Palacio de la Moncloa una carta para Pedro Sánchez en la que le instan a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia.

Los 45.000 funcionarios exigen mejoras retributivas de entre 350 y 430 euros y su participación en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa. Todo ello, en el marco de la huelga con paros parciales y de jornada completa que empezaron el pasado 17 de abril para conseguir una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes.

 

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