Protección Civil llevando material a la residencia Nuestra Señora de Fátima de O Barco en una foto publicada durante la pandemia en el Facebook de Protección Civil

 

Tras la noticia de que las diligencias previas en el Juzgado Número 1 de O Barsco siguen adelante, Rede, asociación de familiares de residencias, pone el foco en el papel de la Consellería de Política Social, responsable de la supervisión de los asilos. "A residencia era e é inmunda, mais debeuse pechar naquel momento da intervención, deixar a estas prendas a súa xestión é inconcebível, éticamente criminal", protesta Paulino Campos, portavoz del colectivo.

 

Paulino Campos: A residencia era e é inmunda,  debeuse pechar naquel momento da intervención

 

VALORACIÓN DE LA XUNTA Y LA RESIDENCIA

Galiciapress contactó en tres oportunidades con la residencia por diferentes para dar su punto de vista, pero por ahora no obtuvo respuesta.

 

Galiciapress también contactó con Política Social para determinar si a el expediente sancionador que le abrió al centro poco después de intervenirlo en abril de 2020 acabó en sanción. Este diario informó en septiembre de 2020 que la Xunta le había incoado un expediente.  Entonces San Caetano indicó que todavía estaba abierto.

 

Política Social: "Trátase dun tema que está en dilixencias previas e xudicializado e por iso non é posible achegar máis información ao respecto"

 

Cuestionado ahora, el Gobierno prefiere no responder. "Trátase dun tema que está en dilixencias previas e xudicializado e por iso non é posible achegar máis información ao respecto. Como sempre, a Xunta colabora con todo o que necesite a investigación xudicial", indican portavoces oficiales de la Xunta.

 

Sea cual fuere el resultado de aquel expediente, lo cierto es que Nuestra Señora de Fátima sigue teniendo autorización de la Xunta residencia de ancianos y, además, la Consellería financia parte de sus 212 plazas. En concreto, son 10 las plazas subvencionadas por Política Social en este centro de O Barco, según figura en el Rexistro de Entidiades de la Consellería.

 

"BAR DE SEÑORITAS EL SHANGAI"

Hay que recordar que Nos Diario informó el alma máter de la residencias tuvo relación con un "bar de señoritas" hace décadas en O Barco. La fuente de esas acusación es un ex-administrador judicial de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, basada en Cataluña, que gestiona el centro de Valdeorras y otras dos residencias en Barcelona.

 

"De lo actuado e informes recibidos se deduce que en los años 80 y procediendo de O Barco en donde regentaba un bar de señoritas 'El Shangai', G.R.E. inició en nombre propio en Vallirana (Barcelona) una cadena de residencias privadas para ancianos sirviéndose de grandes chalets alquilados u obtenidos a bajo precio, actividad que siempre llevó de forma clandestina, aprovechando la necesidad de geriáticos y el descontrol administrativo de aquellos años", escribió en su informe de rendición de cuentas al juzgado administrador judicial, Carlos Moner.  

 

Extracto de la rendición de cuentas del administrador judicial Carlos Moner cuando estuvo al frente de la Fundación Nuestra Señora de Fátima

 

Moner estuvo al frente de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima  varios años, después de que G.R.E. fuera arrestado por la Guardia Civil en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos y fraude a la Seguridad Social.

 

G.R.E. hace años que no está al frente de la Fundación. Tampoco es uno de los investigados ahora. La Región asegura que los investigados son la propia Fundación, su representante legal, V. D.A., relacionada con G.R.E. , y la persona que desempeñaba el cargo de directora entonces, C.R.R.

 

¿A que se debe la actual investigación que lleva Juzgado Número 1 de O Barco?  Según adelantó el diario ourensano, la fiscalía investiga si los responsables de la residencia hicieron oídos sordos a las instrucciones del SERGAS para prevenir el coronavirus. 

 

Los inspectores de la Xunta que acudieron al centro antes de la intervención encontraron deficiencias como falta de recursos humanos, falta de material adecuado (incluido gel hidroalcohólico casero) y que la directora del centro no se había leído la guía anti-covid de la Xunta.

 

ANCIANOS DEVUELTOS DESDE EL HOSPITAL

Fuentes de Valdeorras consultadas por Galiciapress indican que, más allá de quién determine la Justicia tenga responsabilidad, la propia Xunta no puede lavarse la manos en este caso. Recuerdan que al menos una anciana con síntomas de covid fue devuelta a la residencia cuando la llevaron al Hospital Comarcal de Valdeorras.

 

“O Hospital Público de Valdeorras; HPV, atendeu a residentes da Nosa Señora de Fátima con síntomas que presuntamente poderían ser compatibles coa enfermidade Covid-19 e foron enviados actuando consecuentemente cos protocolos (vixentes nesa altura) de volta á súa residencia sen esperar a realización ou resultados do test de Covid-19", denunció en su día el BNG local.

 

ATRASO JUDICIAL POR CULPA DE LA XUNTA

Paulino Campos cuestiona el papel de la Xunta en la investigación judicial. "Entre la documentación hay críticas directas hacia la -no- inspección, y otra velada hacia la inacción también del Imelga -la medicina forense-, de la que se lleva esperando por su informe de la residencia de O Barco más de un año, una situación de retraso que es común en otras investigaciones", apunta el portavoz de Rede.

 

El atasco del Imelga lleva meses desatando críticas de abogados, procuradores y de la oposición. La Xunta amplió hace poco el personal de este ente público, responsable de emitir informes forenses y psicológicos. Son  imprescindibles para el avance de muchos pleitos, como éste.

 

Curiosamente, varios días después de la primicia de La Región, el IMELGA informaba a ese diario que el informe se había desatascado y que estaría, por fin, listo en breve. Finalmente, así fue.

 

Lo confirman portavoces oficiales de la Adminstración de Justicia a Galiciapress.  "El informe del Imelga (solicitado hacía más de un año) fue recibido la semana pasada en el juzgado", señalan (en referencia a la última semana de 2022. Es decir, la Xunta estuvo un año sin enviar el informe de los forenses y lo remitió pocos días después de que alguien filtrara el atraso a La Región.

 

Fuentes del TXSG confirman que "en la causa hay tres investigados por 17 delitos de homicidio por imprudencia y 59 delitos de lesiones imprudente: la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima (como persona jurídica), su representante legal y la directora del centro". 

 

Levantado el atranco del informe del Imelga, ¿qué recorrido tiene el pleito? "Una vez recibido el informe, el juzgado dará traslado a Fiscalía para que informe sobre si se debe continuar con la tramitación del procedimiento o si, por el contrario, procede su sobreseimiento", señalan desde el Poder Judicial. 

 

Esas fuentes también recuerdan que el origen de la investigación es de motu proprio de la Fiscalía, pero señalan que fue "después de que la Xunta le notificase los hechos". Por entonces, la Guardia Civil llegó a tomar declaración a varias trabajadoras en el cuartel de O Barco de Valdeorras.

 

EL FISCAL DE OURENSE, UNA EXCEPCIÓN, SEGÚN REDE

Entre tantas dificultades procesales van camino de cumplirse tres años de los supuestos homicidios por imprudencia. Con todo, la confirmación de que hay una investigación judicial sobre esta residencia no deja de ser, en cierta medida, una buena noticia para los que exigen a la Fiscalía que investigue los cientos de muertes en residencias.

 

La Xunta llegó a intervenir media docena de residencias al considerar que sus gestores no eran capaces de garantizar el bienestar de los ancianos durante la pandemia. Pese a tantas intervenciones,  avarias denuncias de familiares y a los cientos de muertos en los asilos sin trasladar a los hospitales, solo se tiene noticia de que hay diligencias activas contra Nuestra Señora de Fátima de O Barco de Valdeorras.

 

"Observamos, por fin, ciertas actitudes diligentes en un ministerio fiscal, en la fiscalía de Ourense, que nos gustaría que se trasladase también al resto de las fiscalías de Galicia"

 

"Observamos, por fin, ciertas actitudes diligentes en un ministerio fiscal, en la fiscalía de Ourense, que nos gustaría que se trasladase también al resto de las fiscalías de Galicia, de cuya actuación no estamos precisamente satisfechos los familiares de usuarias de residencias y mucho menos las familias de las decenas de víctimas de la nefasta gestión en las residencias durante la pandemia", valora Campos.

 

Desde Rede también se pone el foco en la situación actual pues entienden que "la inmundicia, la falta de respeto a la legalidad, las malas prácticas, la vulneración de derechos fundamentales y de derechos humanos se siguen practicando hoy en día en las residencias de Galicia con la connivencia o inacción de la Xunta de Galicia".

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