“No es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza" (CLARA CAMPOAMOR, 1 de octubre de 1931. Pleno de las Cortes Constituyentes)
"Históricamente la extrema derecha nunca fue favorable las mujeres” (ANNIE ERNAUX, Premio Nobel de Literatura 2022)
El jaleo que últimamente montan las derechas españolas (PP, Vox, Cs) y sus medios de información y opinión -que son mayoría-, no es quien de impedir que se estén aprobando una serie de normativas legales que van a situar a España entre los estados más avanzados de Europa en materia de igualdad de género: Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual; Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción voluntaria del Embarazo; Anteproyecto de la Ley de Familias; Plan estratégico para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (PEIEMH); Reglamento de Igualdad Retributiva... Estamos ante algo realmente histórico que debería ser destacado como se merece. Mucho más si hacemos memoria sobre el pasado lejano y próximo o si acudimos a las evidencias empíricas que nos muestran las enormes resistencias que desde múltiples instancias políticas, jurídicas, mediáticas y religiosas se levantaron, muchas con enorme agresividad y violencia, frente a cualquier avance, por tímido que fuese, en los derechos de las mujeres.
Seguramente que uno de los aspectos más subrayables sea que tales normas implican la obligación y el compromiso de los poder públicos de garantizar los derechos recogidos. Deberes que suponen tanto la vigilancia en el cumplimiento de la ley como la creación de servicios e infraestructura públicas con personal propio que ayuden a garantizar tales derechos como, por caso, la interrupción del embarazo en un centro hospitalario público, lo que implica situar la red pública como referencia. Algo muy relevante teniendo en cuenta las enormes diferencias territoriales existentes en España. No menos relevante es el situar a la mujer como sujeto individual de derechos -por caso, el derecho a disponer de su propio cuerpo- y al mismo nivel que los hombres frente las posiciones de las derechas españolas -apoyadas por la Iglesia católica- que las sitúa como sujeto de deberes para con otros -esposa, madre, hija, nuera...- al identificar "familias" con "mujeres".
El Instituto Europeo de Igualdad de Género, que sitúa a España en el sexto lugar en Europa, pone el foco en los atrancos que aún existen para avanzar en igualdad. Así, los numerosos casos de violencia de género -desde el año 2010 un total de 1.350 mujeres fueron asesinadas en España por sus maridos/compañeros sin que Galicia escape la esa lacra: 64- evidencian lo profundamente que está arraigado el machismo. La realidad del mercado laboral -a tasa de empleo femenina (54%) está claramente por debajo de la masculina (64%), los salarios son más bajos (una brecha salarial del 25% a favor de los hombres)- muestra que la participación en el mundo laboral de las mujeres y menor y precaria que la de los hombres. El desigual impacto de la COVID-19 también mostró que, a pesar de los manifiestos a favor de las familias, los servicios de ayuda -infancia, dependencia, mayores...- son claramente deficitarios para perjuicio de las mujeres -mayormente si son de las clases populares- que deben cubrir esas carencias.
He ahí que las normativas anteriormente citadas, reconociendo estos déficits, vengan a reflejar el compromiso del actual gobierno español de turno (PSOE/UP) con la reducción de los mismos mediante políticas públicas ad hoc. Políticas públicas cuya implementación va a favorecer avances históricos para las mujeres españolas y, por tanto, para las gallegas que verán así incrementar su poder de influencia en la sociedad algo que hasta ahora estaba muy debilitado.
Queda mucho camino para la efectiva igualdad de género en España, y en Galicia, pero como decía el poeta "al andar se hace camino…”.