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"Los  sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley" (Art. 7.1. Constitución Española)



 

Ante la convocatoria de un paro indefinido por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector de Transporte, y vistos los modos y las formas de sus convocadores, es difícil evitar recordar, por caso, de lo sucedido recientemente en Brasil cuando, una vez confirmada la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, un grupo de camioneros, además de bloquear carreteras por todo el país, intentando provocar un paro nacional, le reclamaron a las fuerzas armadas un golpe militar que pusiese fin a democracia en el Brasil. Habrá también quien no pueda evitar la tentación de retroceder varias décadas y recordar como en Chile, 1973, una huelga de camioneros fue el preludio de un terriblemente cruento golpe militar que liderado por el fascista Augusto Pinochet abrió la puerta a un régimen de terror de sobra conocido. Referencias que vienen al caso porque esta huelga de camioneros levanta muy fundadas sospechas sobre sus reales intenciones.

 

Sospechas que nacen tanto de los propios convocadores como de sus apoyos. La citada Plataforma Nacional en Defensa del Sector Transporte, creada en el año 2007, carece actualmente de representación en el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) -que representa el 80% de la flota española- quien, por su parte, afirma que el paro convocado por aquella no es una huelga de los trabajadores sino un "paro patronal". Una convocatoria que la mayoría de las asociaciones del ramo no apoyan, lo que pone en muy serias dudas tanto la representatividad que la citada Plataforma como la cobertura legal del paro convocado, pero que sí cuenta con el apoyo de organizaciones políticas totalitarias como es el caso de VOX -"CC.OO. y UGT mirarán para otro lado, nosotros estaremos con los miles de camioneros que cada día salen a pelear por su futuro"- un dato que pone a las claras los objetivos últimos de este paro y que, por caso, justifican la referencia inicial a lo sucedido en Brasil recientemente y en Chile mucho antes.

 

Sospechas que se amplían cuando se conocen los argumentos para su convocatoria. No hay dudas de que el sector del transporte esconde muy graves problemas tanto de carácter estructural -por caso, las condiciones laborales de los conductores- como coyunturales -la descontrolada subida de los combustibles, el incumplimiento por parte de los cargadores de la legalidad actualmente vigente, la falta de inspecciones-. Pero frente a esta realidad incuestionable hay que pensar si dada la difícil coyuntura actual a nivel general es razonable convocar un paro indefinido -la propia CETM (Confederación Nacional de Transporte de Mercancías) afirma que no porque solo servirá para desestabilizar aún más una situación ya de sí muy complicada por la guerra en Ucrania- y si este paro, una medida de último recurso, es el instrumento idóneo -algo que de nuevo niega la CETM, quien afirma que no están claros los objetivos del paro indefinido-. No estamos, por tanto, delante de argumentos sindicales, sino claramente políticos dirigidos a provocar una desestabilización de la situación que debilite al actual gobierno de turno (PSOE/UP).

 

Sospechas, finalmente, cuando se piensa en a quién realmente beneficia y a quién perjudica. Parece claro que, por las razones apuntadas, este paro no beneficia al conjunto del sector del transporte, sino a una organización política concreta que es totalitaria, pero sí perjudica al conjunto de la sociedad y muy especialmente a los transportistas y trabajadores del sector -y muy significativo, por caso, que la mayoría de transportistas gallegos no apoyen el paro-, a los agricultores y ganaderos que tendrán problemas para distribuir sus productos y acceder a sus insumos, y a los consumidores, pues un paro de estas características de materializarse provocará desabastecimientos y alzas en una cesta de la compra ya muy castigada por la elevada inflación.

 

En este marco solo cabe lamentar, como hacen los representantes sindicales del sector, que el gobierno a la hora de negociar las necesarias medidas para resolver los múltiples problemas del transporte por carretera solo había tenido en cuenta a patronal del sector y no a todas las partes involucradas -instituciones, empresas y trabajadores-. Un error político que favorece que broten iniciativas claramente desestabilizadoras como esta de la autodenominada Plataforma Nacional en Defensa del Sector de Transporte que se ven apoyadas por organizaciones totalitarias como, por caso, VOX, quien espera arrancar réditos políticos de esta convocatoria.

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