La permanencia de la planta de Ence en la ría de Pontevedra sigue sin dirimirse en los juzgados, después de que el Supremo aplace la votación sobre si es legal o no la prórroga concedida.
La prórroga, concedida durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ya ha sido tumbada en la Audiencia Nacional, pero ahora corresponde al Supremo decidir el futuro de la planta.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una providencia por la que acuerda el aplazamiento de la votación sobre la legalidad de la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra.
El tribunal había fijado la votación de los recursos presentados para el día 4 de octubre, pero en la providencia --dictada el pasado 6 de septiembre-- se explica que el señalamiento se ha aplazado y todavía no hay nueva fecha para abordar la situación.
El motivo, según ha explicado este órgano judicial, es que aún está en tramitación otro recurso, "de contenido semejante" y consideran que debería señalarse para un único día la votación y fallo de los dos recursos.
4 DE OCTUBRE
La cita del 4 de octubre estaba prevista para revisar el recurso de casación presentado por la propia empresa, los trabajadores, la Autoridad Portuaria de Marín y dos asociaciones afines contra la primera de las sentencias de la Audiencia Nacional, la presentada por la organización ecologista Greenpeace, que anuló la prórroga de la concesión.
Sin embargo, hay pendiente un segundo recurso contra la segunda sentencia de la Audiencia Nacional, el que daba la razón al Ayuntamiento de Pontevedra, y que, "por encontrarse aún en tramitación el procedimiento" y ya que tiene un "contenido semejante al del presente" la Sala Tercera, "deja sin efecto" la cita acordada para el 4 de octubre "para proceder a su señalamiento para votación y fallo de forma conjunta".
Ambas sentencias de la Audiencia Nacional estimaron las demandas contra la prórroga a la concesión de Ence, aprobada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy el 20 de enero de 2016, y fallaron su anulación.