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Camino de los 20 años en el sector y comenzando mi segunda legislatura en la Ejecutiva Estatal de la FTSP-USO, me permito hacer un balance de situación sobre las tres grandes problemáticas  en  la Seguridad Privada y que, a buen seguro, marcarán nuestra lucha en los próximos años. Sector en el que sus profesionales parecen impermeables a ojos del resto de la ciudadanía, legisladores y autoridades de todo el Estado.


El personal de Seguridad Privada, bien sean Vigilantes de Seguridad, con sus especialidades de Escolta Privado y Vigilante de Explosivos, o los Guardas Rurales, con sus especialidades de Guarda de Caza y/o Guardapesca Marítimo, tienen como principal función la protección de bienes y personas en los diferentes ámbitos que a cada uno les son encomendados. Damos seguridad en Administraciones Públicas, complejos hospitalarios, instalaciones críticas, grandes superficies y exteriores de prisiones, y luchamos contra el furtivismo en pósitos pesqueros y zonas cinegéticas. Estas son algunas de las labores que desarrollamos a lo largo y ancho de todo el país.


Pero, ¿quién nos protege para el correcto y digno desarrollo de nuestras funciones?


En los últimos años se han multiplicado las agresiones a compañeros y compañeras durante la prestación de sus servicios, algunas graves como apuñalamientos o palizas grupales. Hechos que, desde la retirada de la condición de Agentes de la Autoridad en el año 1992, se juzgan mayormente como simples delitos de lesiones.


Hasta la fecha todo han sido promesas por parte de los distintos gobiernos y administraciones en cuanto a la eterna reivindicación del sector de contar con un mínimo de protección jurídica, sin que ninguna iniciativa sea llevada finalmente a buen puerto. Pese a ello, seguimos ejerciendo nuestras funciones con total diligencia. Somos Impermeables ante las agresiones.


Otra lacra del sector es el intrusismo. Empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior y personal no habilitado proliferan con rapidez prestando servicios de seguridad ilegales, incluso en instalaciones de las propias administraciones públicas sin que en la mayoría de los casos, pese a tener conocimiento el organismo competente, se apliquen las pertinentes inspecciones y correspondientes sanciones a estas actividades ilícitas estipuladas en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Sirva de ejemplo que, después de más de un centenar de denuncias de intrusismo presentadas por la FTSP-USO en el último año, hemos obtenido respuesta a menos del 10% de las mismas. Somos impermeables ante el intrusismo.


Y como colofón los contratistas “low cost”, acuñadas por la FTSP-USO como “empresas pirata”, aterrizan en el sector ofertando servicios por debajo de mercado a precios que apenas cubren costes, sobre todo en los concursos públicos, a costa de rebajas de salarios a los trabajadores o como una fuente rápida de ingresos para finalmente declarar sus empresas en concurso de acreedores. Desde principios de año, más de 1.500 trabajadores de los alrededor de 83.000 activos han sufrido impagos reiterados de salarios. Somos impermeables ante la especulación ilícita en el sector.


SOMOS PROFESIONALES IMPERMEABLES, PERO SIN DUDA, SEGUIREMOS EN LA LUCHA.

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