El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha asegurado que solo se autorizará el proyecto de depuración de aguas residuales industriales procedentes de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña), si cumple "todas las garantías".
En respuesta a una interpelación del BNG en el pleno del Parlamento, Conde ha querido mandar un mensaje a los vecinos de que se "va a cumplir con la legalidad vigente" desde el punto de vista urbanístico, ambiental y de calidad de aguas, pues "si no fuese así, el proyecto no se aprobaría".
Defiende que "cuando no se cumple la normativa, el gobierno no autoriza". De tal forma, expone que se va a evaluar si la nueva planta depuradora de todas las aguas residuales industriales cumple con los párametros de calidad --Augas de Galicia sometió en noviembre a participación pública el proyecto de recuperación ambiental--, y en caso de que se autorice se harán dos controles: en el punto de vertido y en la propia ría.
Por su parte, Rosana Pérez (BNG) ha denunciado que la Xunta permitió que en 2009 se retomase la actividad minera en San Finx "sin proyecto sometido a evaluación ambiental", por lo que hay "distintos altos cargos de la Xunta investigados por la justicia".
Así, ha dado cuenta de los últimos años de este proyecto, en el que observa "connivencia" entre la Xunta y la compañía al frente, lo que ha identificado con "algún tipo de interés inconfesable" por parte del Gobierno gallego. Igualmente, la diputada nacionalista ha hecho mención a estudios que apuntan a la afectación de los vertidos de la mina de San Finx en la contaminación de la ría.
En su intervención, Conde ha lamentado que el Bloque "quiere dejar entrever intereses ocultos" de la Xunta, pero se pregunta "cuál es el interés que tiene el BNG en cerrar cualquier tipo de actividad minera".
El conselleiro subraya que Augas de Galicia está "intentando ser garantista" de forma que se evalúe que el "agua que hay que verter se produzca con parámetros naturales del propio cauce", a través de la eliminación del cadmio y cinc.