El pasado martes, 9 de marzo, tuvo lugar en el Parlamento gallego un debate entre el actual Presidente de la Xunta de Galicia (Alberto N. Feijóo) y la Jefa de la oposición (Ana Pontón) que por la relevancia del objeto de debate (la desigualdad de género) era merecedor tanto de un mayor protagonismo parlamentario como de una mayor cobertura mediática.


No fue así y las razones son sobradamente conocidas, como hemos subrayado repetidamente en estas páginas. Por tal motivo, bien cabe lamentar que la cámara legislativa gallega no estuviese a la altura que sería menester y que cabría exigir, ya que las causas de esta desigualdad de género son políticas. Porque son las políticas públicas que se vienen aplicando desde los distintos gobiernos, como sucede con el gobierno gallego (PP), las que favorecen una desigualdad que se hace mas insoportable en situaciones de crisis como la actual. Coyunturas que en muchos casos, son aprovechadas para, con recortes y vulneración de derechos, ahondar aún mas en la hendidura.


Como ponen en evidencia todas las estadísticas fiables las mujeres gallegas tienen muchas mas dificultades para incorporarse al mercado laboral que los hombres y cuando finalmente encuentran un empleo es, en la mayoría de los casos, de peores condiciones (jornada, salario, contratación...). Una desigualdad que tiene su cenit en las fases recesivas cuando los despidos son mayores entre las mujeres que entre los hombres ("el desempleo y la precariedad tienen cara de mujer" chillaban en las manifestaciones del día 8). Situaciones que explican por qué se está disparando el número de jóvenes gallegas que emigran.


La pandemia de la COVID-19 dejó en evidencia el lamentable estado en que se encuentran las funciones de bienestar mas fundamentales (la atención a los mayores, la dependencia, la atención a familia y la infancia...). Grandes déficits de servicios y transferencias que, en una sociedad con bajo empleo y grandes desigualdades laborales, conducen a que sean mayoritariamente las mujeres quienes acaben cubriendo esas deficiencias. Una cobertura que va en perjuicio tanto de su situación laboral como familiar. Que limita su libertad y desarrollo personal. Que incluso afecta a su propia seguridad, pues no por casualidad sucede que en períodos críticos como el actual se incrementen los casos de violencia de género.


Entre los factores que favorecen una mayor desigualdad de género ocupa un lugar relevante el gran poder de influencia que en el actual gobierno gallego (PP) tienen grupos de presión muy ligados la Iglesia católica. Colectivos poderosos que son quien de imponer en las políticas públicas su ideología conservadora que sitúa a las mujeres en un papel desigual y subordinado (esposa, madre, hija, secretaria...) en línea con las tesis del catolicismo más rancio y retrógrado.


Finalmente señalar la importancia que tiene el hecho de que entre una mayoría de las élites económicas, políticas y mediáticas aún no exista la suficiente conciencia de cómo la desigualdad de género está afectando a la propia economía del país gallego, de cómo amplía la dimensión y la duración de las crisis ya que, por caso, menos y peores trabajos suponen menor riqueza y también menores ingresos públicos (fiscales y de seguridad social). Una evidencia de esta carencia la tenemos en el hecho de que en el debate político y mediático ocupen más espacio, por caso, las inversiones en infraestructuras viarias que el gasto en servicios públicos de bienestar.

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