"No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes catalanes de los dos partidos que gobiernan Catalunya, uno está en la cárcel y otro en Bruselas".


Si estas declaraciones que reproduzco se corresponden exactamente con las que el señor Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de derechos sociales, hizo a los medios, no puedo por más que afirmar que me parecen correctas y que las firmaría cualquier demócrata de esta nación de naciones que es España. Seguramente se puedan tener dudas de si un miembro del gobierno español debería hacerlas y por el cargo que actualmente ocupa. Dudas razonables, pero conociendo la personalidad del señor Iglesias y su desmedido afán de protagonismo no deberían sorprendernos.


Entre las evidencias de esta anomalía democrática seguramente las más contundentes las encontremos en el comportamiento de los aparatos del estado y muy especialmente del poder judicial. Algunas muy recientes.


Las pasadas elecciones catalanes se celebraron mientras los dirigentes políticos que lideraron el procés -una auténtica chapuza política- tienen pendiente altas penas de cadena (entre 9 y 13 años) por ser acusados de delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Una situación penitenciaria que hace dudar sobre, por caso, la calidad democrática de un poder judicial (en este caso el Tribunal Supremo y la Fiscalía General) que somete a esos políticos a una auténtica persecución que, además de ser anticonstitucional repercute, de rebote, en la propia credibilidad del estado español delante de los poder judiciales europeos. Una persecución que conduce a que a muchos ciudadanos nos entren dudas razonables sobre si la respuesta de la justicia española y demás aparatos del estado es igual según de qué políticos/as y cuál territorio se trate.


Por caso, ¿qué está pasando con el principal partido de la oposición (PP)? Ante las constantes y repetidas evidencias, como vemos ahora en el juicio al extesorero Luis Barcenas, de que estamos ante un partido político que navega en las turbias aguas de la corrupción, ¿no debería ser ilegalizado y todos sus directivos y dirigentes implicados condenados por corruptos? ¿Acaso no resulta razonable pensar que, ante tal número de actuaciones ilícitas por las que viene siendo investigado, con tal número de directivos y dirigentes encausados -todos los tesoreros- y condenados, el poder judicial -en este caso la Audiencia Nacional- debería abrir una investigación sobre las cuentas de este partido y sobre si procede o no su suspensión? ¿Están los poderes judiciales dándoles a los dirigentes del PARTIDO POPULAR el mismo trato que, por caso, a los lideres del procés? ¿Que a los de UNIDAS PODEMOS a los que tienen sometidos a una auténtica persecución judicial a pesar de las constantes pruebas de no ser corruptos?


¿Qué pensar, finalmente, de tal poder cuándo vemos como un cantante rapero (Pablo Hasel) tuvo que ingresar en prisión para cumplir una condena impuesta por el Tribunal Supremo por nada menos que "enaltecimiento del terrorismo e injurias a Corona y las instituciones del Estado"? Porque no estamos ante un caso aislado relacionado con la libertad de expresión, sino que España aparece, hoy por hoy, como uno de los estados europeos donde más artistas están siendo condenados judicialmente por sus expresiones artísticas. ¿No es verdad que estos artistas no reciben el mismo trato judicial que, por caso, recibió la señora Cifuentes destacada dirigente del PARTIDO POPULAR?


No, no podemos afirmar que España sea una democracia avanzada. Aún nos queda mucho camino por recorrer para llegar a ese destino. Un camino que cuenta con muchos baches.


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