El Gobierno de Francia ha puesto contra las cuerdas a las casas de coches francesas: si desean acceder a ayudas públicas tendrán que poner fin a la deslocalización de sus plantas fuera del país galo. 


Esto afecta a diversas marcas automovilísticas francesas, especialmente a Citröen y Renault, con importantes factorías en España, como el caso de Vigo.



Con la excusa de la crisis provocada por el coronavirus, en el Palacio del Elíseo han puesto en marcha la maquinaria para intentar encajar el golpe que provocará la crisis económica en el país. Una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Marie, es poner freno a una de las políticas industriales que lleva persiguiendo el Gobierno francés desde hace muchos años: la deslocalización de las actividades productivas.


¿EL FIN DE LA DESLOCALIZACIÓN?

En una conversación con BFM Business, Le Marie ha puesto condiciones a las ayudas a las que podrán acceder las empresas automovilísticas para poder hacer frente a las pérdidas causadas por la crisis, ya que en este tiempo la venta de vehículos cayó de forma tan lógica como alarmante. Una de las “contrapartidas” para conceder esas ayudas es la repatriación de la producción.


Una producción que se ha globalizado en este siglo, especialmente después de la crisis económica de 2008, ya que PSA cuenta con fábricas en distintos países como Marruecos o Portugal, donde se fabrican algunos de los modelos más vendidos de la compañía.  


“La industria automovilística francesa se ha deslocalizado demasiado y debe echarse atrás”, subrayó el ministro. “Está en juego nuestra industria del automóvil”, recordó Le Marie, a la vez que puso sobre la mesa el millón de empleos en Francia vinculados a esta industria. Una advertencia de la que ya estaban al tanto las empresas, que llevan tiempo tanteando los movimientos del Gobierno de Francia en este terreno.


FRANCIA, ACCIONISTA DE PSA

Ahora, las grandes casas francesas sopesan los pros y contras de volver a casa y aceptar las prerrogativas impuestas por Macron. En esta línea, el Grupo Renault, con factorías en Palencia o Valladolid, lo tendría especialmente complicado, ya que el 15% del accionariado de la empresa es propiedad del estado galo.


Por su parte, el accionariado de PSA también depende en parte del Gobierno de Francia: un 6% de sus acciones pertenecen al Estado. Sin embargo, la actualidad en PSA gira en torno a su acuerdo de fusión con el conglomerado FCA, pendiente de que la Unión Europea analice el acuerdo.


Sin embargo, y a pesar del anuncio del Gobierno de Macron, este cambio de modelo no sería nada fácil. Primero porque el cierre de las factorías provocaría tensiones entre los distintos gobiernos implicados, como el español -solo las plantas de PSA en España dan empleo a más de 13.000 personas- o el alemán, que también cuenta con fábricas de las marcas francesas.


Además, la competitividad que ofrecen otros países a las empresas juega en contra de Francia, que jugará todas sus cartas al impulso de la fabricación de modelos eléctricos, la gran baza de Macron de cara a recuperar la actividad en el futuro y la apuesta con la que pretenden forzar a las marcas a producir sus coches eléctricos en Francia. 

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