Los restos de la Operación Patos llegan a juicio cinco años después con las mayoría de los políticos exhimidos
jueves, 3 de octubre de 2019, 19:08
Rafael Louzán es el único mandatario relevante que queda investigado de las docenas que la Justicia imputó en su día, Abel Caballero incluído, en esta macrooperación contra la corrupción. Una de sus ramas en el Puerto de Vigo está siendo, por fin, juzgada.
Uno de los detenidos en su día en la Operación Patos en una imagen de RTVE
Así, este juzgado vigués ha acogida la vista en la que se han sentado en el banquillo de los acusados Enrique A.P.; el director de Eiriña, Jaime Manuel A.V.; el que era jefe de la División de Proyectos del Puerto de Vigo, José Enrique E.P.; y el empresario Alberto T.P., acusados por la Fiscalía de los delitos de alteración de precios en subasta o concurso público, y falsedad en documento oficial y mercantil.
Para cada uno de ellos, el ministerio público ha pedido penas que suman dos años de cárcel; además de inhabilitación para cargo público en el caso del técnico del Puerto; inhabilitación de 5 años para contratar con administraciones públicas, en el caso de los acusados de Eiriña y del empresario (que entonces era socio de la constructora Ediserpo); y multas que oscilan entre los 16.200 y los 4.860 euros.
UNA OFERTA Y OTRAS DOS PARA DISIMULAR
El Fiscal sostiene que, en junio de 2013, el acusado José Enrique E.P. pidió a Eiriña que le hiciese un presupuesto para una obra de ampliación en la instalación de un escáner, y que, además, consiguiese otros dos presupuestos de otras empresas.Meses después, el Puerto saca a licitación la obra por 29.000 euros, publicándola en el perfil del contratante y, paralelamente, tramitándola por el procedimiento negociado sin publicidad, por el que invitó a participar a Eiriña y a las otras dos empresas que habían aportado presupuestos meses antes (Ediserpo, y Balboa y Buceta).
La obra fue adjudicada a la empresa de Enrique A.P., que presentó el presupuesto más barato (algo más de 26.000 euros) y que, según el Fiscal, sabía que sería adjudicataria porque conocía previamente las otras ofertas.
"CONCIENCIA MUY TRANQUILA"
En la vista celebrada este jueves, la primera que se celebra de una pieza separada de la conocida como Operación Patos, el considerado 'cabecilla' de la trama de supuestos amaños en adjudicación de obras públicas, Enrique A.P., ha negado las acusaciones, y ha proclamado que desconoce "el día a día" de las adjudicaciones de obras, puesto que es "solo un empresario", y que tiene personal contratado para encargarse de esos procesos.
"Estoy muy tranquilo, no he cometido nada malo (...) Tengo la conciencia muy tranquila", ha proclamado en el juicio, en el que ha insistido en que no participaba en los procesos de presentación de ofertas, y que sus esfuerzos se centran en "buscar obras para dar de comer a las familias de mis trabajadores".
Precisamente en ese marco de "relaciones comerciales" ha situado sus conversaciones y contactos con responsables de diferentes administraciones y organismos, y ha subrayado que no tiene "nada de qué arrepentirse" porque, tras meses de instrucción judicial, sigue "entero", ninguna de sus empresas ha quebrado y no tiene "remordimientos".
NI PRECIOS "AMAÑADOS" NI "CONSENSUADO"
En la misma línea, el resto de acusados ha negado haber participado en una trama para "amañar" o "consensuar" precios en licitaciones de obra pública, tampoco en el caso que se ha juzgado este jueves.
Así, el que era jefe de la División de Proyectos del Puerto ha reconocido que pidió un presupuesto a Eiriña "para saber cuánto podría costar" la obra de ampliación de las instalaciones del escáner, y que dicha obra fue adjudicada posteriormente en un proceso en el que se invitó a tres empresas, y no hubo ninguna irregularidad.
Del mismo modo, ha justificado varias conversaciones con el director de Eiriña, en el que hablaban de "meter a mayores" 2.000 euros en la oferta de esa obra para compensar unos trabajos que la constructora había hecho previamente y no había cobrado. "Yo se lo decía para darle largas, porque no podíamos pagar esos 2.000 euros cuando no habían presentado factura, habían pasado meses, y el expediente estaba cerrado", ha explicado.
El resto de acusados han insistido en que el proceso de presentación de ofertas discurrió con normalidad, que no hubo un acuerdo previo entre ellas para dar apariencia de legalidad al proceso y beneficiar a Eiriña.
A PENAS QUEDAN IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN PATOS
La vista de este jueves es la primera que se celebra de las piezas separadas de la llamada Operación Patos (hubo en su día una vista de conformidad por la pieza separada relativa a supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Nigrán).
Esta macrooperación se remonta a febrero de 2014, cuando fueron detenidos cuatro empresarios y un concejal de Nigrán (Pontevedra) por un supuesto entramado de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos, en relación con la adjudicación de contratos de obras y servicios públicos.
A lo largo de la instrucción llegaron a estar investigados casi medio centenar de empresarios, políticos y funcionarios, entre ellos el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y varios concejales; el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán; o la exdelegada territorial de la Xunta, María José Bravo Bosch.
No obstante, tras años de instrucción, la jueza ordenó el archivo de la causa con respecto a la mayor parte de esos investigados, incluidos todos los políticos (excepto Louzán y la regidora de Moraña), y también se acordó la formación de piezas separadas, dada la complejidad de la investigación.
Entre las piezas separadas, figura la relativa a supuestas irregularidades en una obra en el Puerto de Vigo, que ha sido juzgada este jueves. Otras piezas, como la relacionada con la tramitación de una subvención a la asociación Pedra Moura de Vigo, fueron archivadas.
LOUZÁN SIGUE IMPUTADO
Actualmente, de los múltiples frentes que se abrieron en su día en la Operación Patos, solo dos están 'vivos' y pendientes de juicio: una investigación en Pontevedra (en la que están imputados el dueño de Eiriña; el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán; o la alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro) sobre la adjudicación de unas obras en un campo de fútbol.La otra pieza atañe a la comisión de un delito de soborno (el supuesto pago, por parte de Enrique A.P., de servicios de prostitución a un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo), pendiente de un recurso y que se juzgará con tribunal de jurado.