PONTEVEDRA, 25 (EUROPA PRESS)
El comité de huelga de las ambulancias se ha mostrado dispuesto a convocar una semana más de paros, entre el 4 y el 10 de marzo, si no se alcanza un acuerdo en la reunión prevista para el próximo jueves 28 de febrero en el Consello Galego de Relacións Laborais.
A ese encuentro asistirá la patronal del sector de ambulancias y los representantes sindicales y se espera que se lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto actual tras ocho días de huelga. En caso de que las negociaciones se mantengan estancadas, tienen previsto iniciar una huelga indefinida a partir del 20 de marzo.
Este lunes, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha recibido a representantes de los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT -- integrantes del comité de huelga--. Los representantes sindicales le han informado de sus demandas laborales y de las carencias en relación a este servicio que se registran tanto en las comarcas de Pontevedra y O Salnés.
Así, el portavoz de la central nacionalista CIG, Xabier Aboi, de la CIG, ha asegurado que en la comarca de Pontevedra, las ambulancias realizan una media diaria de 14 servicios durante los 365 días al año, "una auténtica locura". Y las medicalizadas alcanzan casi los 5 servicios cada día.
Además, ha señalado que Marín precisa que la actual ambulancia de 16 horas tenga un horario ampliado a 24 horas, y estar reforzada con otra de 12 horas. Y por su parte, ha indicado que O Salnés necesita otra ambulancia medicalizada todo el año alertando de que las actuales llegan a realizar 5.000 servicios anuales.
Por su parte, Alfonso Boullosa, de UGT, ha instado al Servizo Galego de Saúde a poner encima de la mesa su propuesta económica destinada a la próxima concesión prevista para el 15 de octubre, ya que esa será la "única fórmula" que les permitirá llegar a un acuerdo con la patronal para alcanzar un nuevo convenio.
Al respeto, el regidor de la ciudad del Lérez ha señalado que el grupo del BNG llevará a pleno una moción para que el Ayuntamiento inste al Sergas a asumir la responsabilidad de que las empresas que optan a los concursos cumplan con lo previsto y garanticen que el personal cuente con un salario digno y se eviten situaciones como la actual.