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El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, ha alegado este miércoles en el Parlamento gallego que la "responsabilidad" de la situación "muy compleja" del Centro Gallego de Buenos Aires --en concurso de acreedores desde hace más de un año-- "no cae en la Xunta ni en ninguna formación política española", sino "en el Gobierno de Argentina".

Así ha respondido el mandatario a una pregunta formulada por la diputada de En Marea Ánxeles Cuña, quien ha apremiado al Ejecutivo autonómico a "mover ficha" ante la "posible venta" del edificio de la institución después de que responsables de la Xunta, según ha asegurado, "expulsasen" al Centro Gallego de Buenos Aires de Ospaña, organización "creada precisamente" para proteger estas instalaciones.

Seguidamente, el conselleiro ha acusado a la parlamentaria de formular una pregunta "bastante absurda en el fondo y la forma", ya que fue registrada en virtud de una "hipotética reunión" que se iba a producir este lunes pero que finalmente, según Rodríguez, "no se celebró". "La persona que fue elegida como presidente por los usuarios del Centro Gallego no tomó posesión", ha explicado.

Frente a ello, Cuña ha puntualizado que el interventor jurídico de la institución "lo que hizo fue atrasar" esta reunión por motivos como "la situación macroeconómica de Argentina" y la "especificidad" del Centro Gallego: "Llevamos un año y el problema no se resuelve".

La diputada de En Marea ha preguntado al conselleiro si conoce los funcionarios que forman parte de la "mutualidad" que sustituya la labor sanitaria del Centro en Ospaña, lo que es desmentido por Román Rodríguez: "No existe ninguna mutualidad que sustituya al Centro Gallego de Buenos Aires, fueron los socios del Centro los que decidieron libre y unilateralmente no aceptar a las personas de Ospaña".

PAZO DE LOURIZÁN, EN PONTEVEDRA
Por otra parte, la parlamentaria del PSdeG Patricia Vilán ha dirigido una pregunta al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre las actuaciones de la Administración autonómica para "recuperar" el Pazo de Lourizán de Pontevedra, una infraestructura que "forma parte del patrimonio cultural de Galicia" y que, a pesar de ser propiedad de la Diputación, presidida por la socialista Carmela Silva, existe una cesión a la Xunta para su "conservación" con límite en 2021.

El número dos del Ejecutivo autonómico ha apuntado a la "responsabilidad" del gobierno provincial de que el pazo esté "hecho una piltrafa". "El convenio habla de deberes de conservación, pero habla de mucho más. (...) Al final, lo cierto y verdad es que durante todo este tiempo no se hizo nada y había un plan de la Diputación. Tuvieron cuatro años para hacer algo, les quedan tres meses", ha esgrimido Rueda.

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