Después de días de huelga de los taxistas catalanes que coparon durante días la Gran Via de Barcelona mientras los conductores de los VTC hacían lo propio en otras de las arterias de Barcelona, la Diagonal simbolizó también sus protestas por la lucha del control de este servicio público. En medio de esta guerra, los ciudadanos son los que han sufrido los efectos de las acciones de sus protagonistas con una paciencia infinita, no exenta de impotencia, ante la pasividad del consistorio barcelonés, que ha mirado para otro lado como si el tema no fuera de su incumbencia. Es la nueva ley de la selva "urbana", donde cualquier colectivo se apropia de las calles sin que nadie garantice los derechos de uso de los demás.



Este martes, el conseller del Territorio explicaba a los medios de comunicación que, finalmente, como se esperaba, el Govern ha aprobado el decreto ley que obliga a los VTC a precontratar sus servicios con una antelación de 15 minutos, y no podrán recoger en las calles a sus clientes, sino que deberán estar estacionados en aparcamientos u otras zonas hasta la realización del servicio.


En un principio puede parecer razonable. Quince minutos no es nada. Pero como dice el refrán “hecha la ley, hecha la trampa”. La Generalitat queda bien con las empresas VTC, y pasa la patata caliente, vestida de autoridad, a los ayuntamientos y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la capacidad legal de modificar el tiempo de espera hasta llegar a la hora. La alcaldesa Colau, también presidenta del AMB, ya ha mostrado su predisposición a ampliar el tiempo de esperar a una hora en los 36 municipios que lo integra. Colau se encuentra en plena campaña electoral, en el sector del taxi trabajan unas 67.089 personas, mientras que en los VTC el número es de 5.890. Una diferencia sustancial. La alcaldesa se pone de parte de la mayoría. Una posición interesada. Pero los efectos que puede tener esta decisión, no los ha calculado. No son solo los más de cinco mil trabajadores que se pueden ir a engrosar las listas del paro, sino el cabreo monumental de los ciudadanos con los taxistas. Esta huelga ha generado más rechazo que apoyos. Los actos violentos, la falta de servicios mínimos, los cortes de calle y las actitudes desafiantes han llenado el vaso de la paciencia de casi todos. La ciudadanía quiere más ofertas, menos monopolios que llevan a crearse mafias,no quieren licencias que pasan de padres a hijos de un servicio que es público.


Existe la promesa por parte del gobierno de la Generalitat de hacer una ley que regule el sector, con más control de las licencias y recuperación de muchas de ellas.


Eso tarda como mínimo un año y la inversión de unos cuantos millones de euros. ¿Se llegará a realizar? Algunos tienen serias dudas de que eso suceda, y más teniendo en cuenta la situación política y económica que hay.


La Generalitat ha hecho su papel de la mejor manera posible, al menos así lo ha vendido, ahora falta ver cómo lo van a solucionar el AMB y otras ciudades de Catalunya. Es una situación complica que requiere tiempo y soluciones factibles Habrá que esperar, aunque las elecciones pueden dejar el tema en al aire, y pese a los posicionamientos públicos de quien no ha sido capaz de tomar decisiones. Gobernar consiste en hacer aquello que no te gusta o con lo que no se está de acuerdo, suele decirse.


'La guerra del taxi, los VTC y la patata caliente de Colau' se ha publicado originalmente en catalunyapress.es.
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