El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a su equipo al pago de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
La exconsellera de Educación, Irene Rigau, ha sido condenada al pago de más de 2,8 millones de euros, por la adquisición de los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación.
El exconseller de Presidència, Francesc Homs, tendrá que pagar 1,97 millones por la campaña de publicidad institucional, el soporte informático, el envío de propaganda y la contratación del centro de prensa.
Joana Ortega, que era vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Gobernación, deberá abonar 865.674,90 euros, que es el coste que se calcula que gastó su departamento en el soporte informático y la compra de material para la consulta.
La sentencia incluye condenas de 806.403,52 para Jordi Vilajoana, que era secretario general de Presidencia, y para Ignasi Genovés, exdirector general de Difusión de la Generalitat, en los dos casos por la campaña de publicidad.
El tribunal les declara "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos que generó la mencionada consulta. Fuentes de las defensas han confirmado su intención de recurrir esta sentencia.
Los magistrados otorgan a Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso.