Los inquilinos de las viviendas, en régimen de protección oficial, pueden sufrir un desahucio por parte del Santander. Lídia Senra lo denuncia ante la Comisión Europea.
La consultora Altamira, inmobiliaria del Banco Santander, notificó a los inquilinos del edificio A Patiña de Cambre que en su contrato está a punto de expirar y que tendrán que abandonar sus casas porque no le renuevan el alquiler, a pesar de que se trata de unas viviendas en régimen especial de protección oficial. El inmueble se construyó a finales de los 90 por la inmobiliaria Fadesa, por medio de un acuerdo con la Xunta en el que se reflejaba que se alquilarían a personas desfavorecidas en los próximos 20 años. Más tarde Fadesa vendió la propiedad a Altamira.
Esta circunstancia ha sido llevada a la Comisión Europea por la eurodiputada Lídia Senra, preocupada por la situación que viven los residentes en el inmueble de Cambre. Senra considera que se trata de “una situación muy grave, y más teniendo en cuenta que en el edificio residen personas con rentas muy bajas y con recursos minimos”.
La eurodiputada pide que se cumpla lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, con respecto a que “toda persona tiene derecho al respecto de su domicilio con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza”. Así, Senra considera “inadmisibles” los posibles desahucios y reclama a la Comisión que investigue este hecho. Además, ruega que se investigue si el banco Santander pretende vender el edificio o su negocio de los alquileres al fondo buitre estadounidense ‘Blckstone’. “Los derechos de las personas tienen que estar por encima del capital y no al revés”, sentencia la eurodiputada.