Los partidos de la oposición en O Pino denunciaron "las irregularidades efectuadas por Cobre San Rafael en sus labores de estudio y sondajes mineras". Según informa el concejal Óscar Vilar (PSdeG) la denuncia ya ha dado lugar a "un expediente de reposición de la legalidad" que el Concello de O Pino ha tenido que trasladar a la Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta.
VERSIÓN DE LA MINERA
El expediente está en marcha y ya se conocen las alegaciones de Cobre San Rafael. En ellas, la empresa pone en duda que -como muestra una fotografía de los denunciantes - "los sondeos hayan sido ejecutados y se encuentren actualmente ubicados sobre terrenos calificados por el PXOM como viales".
Supuesto rastro de un sondeo en una vía pública de O Pino | PSdeG O Pino
La compañía financiada por la multinacional Atalaya Minning también critica que el instructor haya informado del contenido del expediente informativo a los denunciantes, algo normal en teoría en todo trámite administrativo.
RESPUESTA DE UNO DE LOS DENUNCIANTES
Ante esto, el representante del PSdeG cualifica de "inverosímiles y difíciles de creer" las alegaciones de la minera. "La empresa promotora de la mina pretende que no se facilite información del procedimiento a los denunciantes, pone en duda el material probatorio donde figura un informe técnico, una acta emitida por la Unidade de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, documentos gráficos y se solicita al ayuntamiento que archive el asunto sin más", se queja el concejal.
Vilar cree que la pelota está en el tejado del alcalde, que es del PP y está a favor de la reapertura de la mina. En su opinión, el ayuntamiento y la Xunta deben seguir con el expediente hasta llegar a la "correspondiente sanción".
Son varias las ocasiones en las que vecinos de la zona se han quejado por la realización de sondeos sin permiso. Es necesario recordar que Cobre San Rafael tiene derechos de explotación en una zona muchísimo más amplia que el proyecto actual de reapertura.
La empresa presentó recientemente alegaciones ante la Xunta . El Gobierno había dicho que la solicitud inicial, tal y como estaba, no saldría adelante.
La APLU se encarga de la denuncia de los sondeos dado que muchos ayuntamientos pequeños, como O Pino, tienen transferidas a la Xunta algunas de sus competencias urbanísticas.