Rajoy se reúne este martes con Pedro Sánchez.
Ciudadanos insiste en prorrogar la actual aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya tras la elección de Quim Torra como ‘president’ de la Generalitat, pero ese no es el camino del Gobierno y tampoco el del PSOE.
Mientras que el líder de Cs, Albert Rivera, acusa al Ejecutivo de “mirar hacia otro lado” en Catalunya, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez defienden esperar a las decisiones que tome el recién nombrado presidente del Govern.
A diferencia del año pasado, cuando se esperó a la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión, la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, tanto el presidente del Gobierno como el líder socialista coinciden en que la intervención de Catalunya debe ponerse en práctica en cuanto se comete la primera ilegalidad.
Rajoy se reunirá con Sánchez en la Moncloa este martes por la mañana. Con Rivera lo hará el jueves.
La idea del Ejecutivo central, así como de los socialistas, se basa en juzgar por sus “hechos” a Torra, y dejar que tome sus primeras decisiones al frente del gobierno catalán.
RECURRIR AL CONSTITUCIONAL
Así, se recurrirán todas las leyes del Parlament que se consideren inconstitucionales pero también se reactivará el 155 ante las primeras decisiones ilegales y que prosigan encaminadas hacia la ruptura del régimen autonómico.
El Gobierno enviaría en ese caso un requerimiento a la Generalitat, paso previo necesario para poner en marcha el procedimiento de la suspensión autonómica, dando una oportunidad a Torra para que rectifique.
Si no lo hace, Rajoy acudiría al Senado para aprobar la intervención, mostrando tanto a Torra como a Rivera, en un momento en el que el líder naranja conquista al electorado tradicional del PP, la importancia de seguir los cauces legales.
ABOGACÍA DEL ESTADO
La Abogacía del Estado estudia ya todas las hipotéticas decisiones que pueda tomar Torra, que puedan implicar ilegalidades, para recurrir de forma inmediata en los tribunales.
Así, una de las posibilidades que estudia es que Torra nombre para su gobierno a personas que se encuentran actualmente en prisión o huidas de la justicia.
Por lo que los servicios jurídicos del Estado se han puesto manos a la obra después de su discurso de investidura, en el que ha asegurado que va a recuperar entre otros asuntos, las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional.