Máxima tensión en el grupo socialista que deja en el aire el Gobierno de la Diputación de Lugo
martes, 10 de abril de 2018, 20:14
"Ninguna persona que vota con el PP en contra e los intereses de los lucenses tiene cabida en este Gobierno Provincial". Así avanzó el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, este martes el cese de Manuel Martínez tras romper de nuevo la disciplina de voto y alinearse con el PP, esta vez para pedir que Suplusa recupere la gestión de las residencias de mayores. "No tiene cabida en el grupo socialista",
"Vota un acuerdo con visos de manifiesta ilegalidad, por lo que creo que no tiene cabida en el grupo socialista y tomaremos las medidas que haya que tomar", ha advertido Campos al también alcalde de Becerreá, después de que éste volviese a votar con los populares. En el pleno de este martes, además, los dos diputados del BNG se negaron a votar y abandonaron la sala.
La manifestación de Campos que evidencia la máxima tensión que vive el grupo socialista y deja en el aire el futuro del gobierno provincial llega después de que en las últimas semanas el foco volviese a situarse en las diferencias entre Martínez y sus compañeros socialistas.
Y es que la junta de gobierno de la Diputación había decidido retirar la encomienda de gestión a Suplusa, entidad que preside también Manuel Martínez.
Preguntado entonces acerca de si esta situación podría derivar en una crisis de gobierno, Martínez esgrimió que él tenía "un acuerdo" con Campos para "ser presidente de Suplusa y gestionarla en las mismas condiciones en las que estaba haciendo" hasta que él entró. "Y si hay incumplimientos, tendrá que ser uno de los mayores afectados", advirtió entonces.
EL ACUERDO PARA QUE SUPLUSA RECUPERE LA GESTIÓN SALE ADELANTE
Así las cosas, tan solo un único punto figuraba en el orden del día del pleno extraordinario, que había pedido el PP, sobre quién debe liderar la gestión de las residencias y donde se aprobó, por 13 votos a favor (12 del PP más Martínez frente a diez del grupo de gobierno socialista) dar luz verde "a la ratificación de eficacia en la encomienda de gestión de Suplusa aprobada por el pleno" en 2010.
El acuerdo determina también la declaración de continuidad "como medio propio y servicio técnico de la institución provincial para la prestación de servicios sociales".
Con ello recupera la delegación para la apertura de dichos centros para mayores Martínez, al que el presidente Campos desoyó cuando pretendía intervenir ajustándose a que pertenece al "grupo provincial socialista".
"NO TIENE CABIDA"
"Una persona que vota en contra de nuestros mayores de la provincia, una persona a la que se le dieron suficientes oportunidades en este grupo socialista y se le ofreció llevar las residencias por vicepresidencia y vota un acuerdo con visos de una manifiesta ilegalidad no tiene cabida en el grupo socialista", ha sentenciado Campos, concluida la sesión.
El portavoz del grupo de gobierno y secretario provincial del PSOE, Álvaro Santos, ya avanzaba en presencia de Campos que el partido "se pronunciara en los órganos" de la formación. "Dentro de los órganos que corresponden, con los compañeros que forman parte de los mismos se adoptarán las medidas que se consideren oportunas. La preocupación de los lucenses es que funcionen las residencias de la Diputación", ha avisado.
CAMPOS TIENE "EL APOYO DEL PSOE" EN LA PROVINCIA
"No es lo que le pasa al PSOE a nivel interno", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que el presidente provincial cuenta no solo con su "apoyo personal" sino también "con el apoyo del PSOE en la provincia, a todos los niveles, para la dirección y la presidencia de la Diputación provincial de Lugo".
Desde el PP, tras este pleno, su portavoz, Elena Candia, ha concluido que "esto no es un gobierno, ni hay ningún tipo de entendimiento y está provocando conflictos que la provincia paga caro". "Pretenden convertir un problema político en un problema jurídico", ha apuntado, en alusión a la afirmación de que el acuerdo podía ser tachado de "ilegal".
En el BNG, cuyos dos diputados se negaron a votar y abandonaron la sala para evitar que fueran contabilizados esos votos como abstenciones, su portavoz, Xosé Ferreiro, ha tirado de "ideario" nacionalista señalando que las "diputaciones tienen los días contados", al tiempo que ha lamentado la "imagen" que se traslada a la ciudadanía.
Se tensan así al máximo las costuras de un gobierno provincial que echaba a andar, luego de una moción de censura contra la popular Elena Candia, y al que el alcalde de Becerreá se incorporó tras unos meses. Y es que, aunque los votos de las formaciones de izquierda suman la mayoría, en el arranque del mandato, el socialista Manuel Martínez, había facilitado con su voto la designación de Candia como presidenta.
RESIDENCIAS
Por la mañana, Campos había remarcado que el gobierno provincial "garantiza" a los lucenses 94 plazas de residencia y 58 en centros de día en a Fonsagrada, Pol y Trabajda.
El presidente informó sobre la aprobación en la junta de gobierno de los convenios de la Diputación y estos ayuntamientos en los que se fija que las plazas de los centros de la tercera edad de estos municipios sean para vecinos de la provincia y "acceso universal" a las mismas.
Campos ha vuelto a pedir a la Xunta que "no" ponga "dificultades" y permita la apertura de dichos centros, que confía que puedan comenzar a funcionar "en septiembre o en octubre".
Estas declaraciones se producían durante la presentación de una nueva programación de cursos del IN-Lugo, dirigidos a personas mayores que viven en el rural.
CONCENTRACIÓN
Sobre las residencias, una docena de personas volvían a concentrarse ante el Pazo de San Marcos (sede de la Diputación) este mediodía, reclamando una "solución" para los más de sesenta trabajadores que fueron seleccionados para esos centros en 2015.
El secretario de organización de CIG-Lugo, Lois Neto, ha asegurado que el escenario "es desolador", apelando a que "hay unos perjudicados clarísimamente, y no es, por tanto, un problema de Darío Campos, Manuel Marínez, Elena Candia o el BNG".
"Aquí hay unos trabajadores que pasaron un proceso público que fue convocado por la diputación a través de Suplusa", ha esgrimido, antes de señalar que, después de presentar una queja a la valedora do Pobo, Milagros Otero, aún "no" han recibido respuesta.
"Estamos en espera, pero no estamos en resignación. Vamos a luchar por algo justo", ha zanjado.