La huelga indefinida de los funcionarios de la justicia gallega, que paraliza juzgados y registros civiles desde pasado 7 de febrero, seguirá tras "romper" de nuevo las negociaciones entre Xunta y sindicatos, que, en esta jornada, rebajaron diez euros su exigencia de incremento retributivo, al pasar de 190 a 180 euros más al mes lineales para todos los cuerpos.

El guión de los últimos encuentros se repitió este lunes, cuando, poco después de las 11,00 horas, la delegación negociadora del Ejecutivo --encabezada por la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña; el director xeral de Xustiza, Juan José Martín; y su homólogo de Función Pública, José María Barreiro--, se sentaron con el comité de huelga.

Lo hicieron en una sala del complejo administrativo de San Caetano, el mismo en el que hubo cola de funcionarios con escritos para trasladar al vicepresidente, Alfonso Rueda, que no aceptaban la "oferta de cierre" que en la anterior reunión puso sobre la mesa el Ejecutivo: una subida de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

Los funcionarios de la justicia quieren evidenciar que, pese a que la Xunta interpreta que las asambleas, al votar mayoritariamente que los sindicatos pudiesen bajar la exigencia de 190 euros, los instaba a aceptar la propuesta de la Administración, en realidad no es así. También apoyar al comité, en el que están integrados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC.OO., en representación de un colectivo de unos 2.700 trabajadores.

En esta coyuntura, como se había avanzado, el Gobierno no varió su cifra mientras que los sindicatos rebajaron en 10 euros su última petición de subida salarial puliendo las condiciones, como por ejemplo, que se materialice en dos años en vez de en tres, y que el 70 por ciento se abone ya en este 2018.

También se habló de las amortizaciones, otra reivindicación en la que no hay acuerdo, si bien sí se han aproximado las posturas en lo que respecta a las bajas por incapacidad temporal (IT), sustituciones y refuerzos. En las dos primeras cuestiones ya se había avanzado en el encuentro previo al de este lunes.

EL ESCOLLO RETRIBUTIVO 


Como en anteriores reuniones, hubo un receso de una hora en el que los representantes de la Xunta se marcharon y los miembros del comité de huelga perfilaron la postura a defender. Y como en encuentros previos, también, el resultado fue el mismo: desacuerdo. Así, antes de las 14,00 horas, los representantes de la Xunta abandonaron definitivamente la sala de negociación

A renglón seguido, Juan José Martín constató, en declaraciones a los medios, que las negociaciones estaban "rotas" y que la nueva propuesta de los sindicatos seguía siendo "inasumible" para el Ejecutivo.

"La cuestión económica impide el acuerdo", ha sentenciado, antes de aludir a la rebaja de 10 euros que sitúa la exigencia sindical en 180 más al mes para todos los cuerpos. Al tiempo, ha lamentado que los sindicatos incorporen, además, nuevas demandas como reducir de tres a dos las anualidades para que se concrete la subida, o pedir que en este 2018 se abone ya "el 70 por ciento".

"Y otras cuestiones que nadie entiende, como recuperar mediante un plan de actuación los descuentos que se le hacen y se seguirán haciendo a quienes secunden la huelga", ha reprobado el director xeral, quien ha insistido en que los trabajadores "no entendieron el mensaje que sus propios compañeros les enviaron" en las asambleas de la semana pasada.

Si Rueda y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, inciden en que, tras una quincena de reuniones con hasta ocho propuestas por parte de la Administración, la situación no puede derivar "en una subasta", el director xeral ratificó que la última cifra económica dada era la que seguía sobre la mesa. "Bajamos a escucharles", dijo Martín, quien ha insistido en que los 180 euros que los sindicatos reclaman son "inasumibles".

De hecho, ha recordado que el Ejecutivo trabaja con los recursos de todos los gallegos, por lo que no es "aceptable" pensar en un incremento que "llegaría al 20 por ciento" si se computa la subida pactada en el ámbito estatal para todos los empleados públicos.

Además, ha dado por "cerrados" otros puntos como las reivindicaciones de sustituciones, IT y las plazas de creación para refuerzo. "Queda por cerrar el cómputo de plazas de reordenación, que ellos hablan de amortización, pero tampoco creo que sea el gran problema que, como todos saben, está en el tema económico", ha resumido.

DETALLE DE LA PROPUESTA SINDICAL
Por su parte, en nombre del comité de huelga, Enrique Araújo (STAJ) ha ratificado la ruptura de las negociaciones y ha explicado el detalle de la propuesta sindical: bajar de 190 a 180 euros la subida; que ésta se abone en dos años, el 70 por ciento en 2018; y que haya retroactividad al 1 de enero de este año.

"También hablamos de una cláusula de revisión que nos sitúe no solo en el puesto en el que acabemos con este posible acuerdo (en la tabla salarial comparativa por autonomías), sino que nos mantenga equidistantes del anterior y del posterior puesto. Ya tendría efectos este año y, cada vez que hubiese una subida en las comunidades o en el 'territorio Ministerio' se tendría que aplicar", ha señalado.

Del mismo modo, ha explicado que se puso sobre la mesa la posibilidad de "recuperar el trabajo con un plan de actuación" y ha ratificado que no hubo acuerdo en las amortizaciones. "Tenemos 31 plazas que ellos consideran que deben entrar en el plan de actuación y nosotros no porque se habla de órganos de nueva creación", ha trasladado.

"Y no se puede, a base de amortizar, crear nuevos órganos. Es decir, con esas plazas hay que reforzar órganos con carga de trabajo inasumible... hablamos de penales o juzgados de violencia de género, y no crear nuevos órganos a costa de otros en los que hace falta personal", ha apostillado.

En los tres puntos restantes --IT, sustituciones y refuerzos--, ha admitido que, si bien no están cerrados "al cien por cien", la Xunta les trasladó un borrador de una reforma normativa sobre la que, en principio, podría "haber acuerdo", pero debería analizarse en una mesa sectorial posterior a la solución del actual conflicto.

SIN FECHA PARA NUEVO ENCUENTRO
El representante sindical ha culpado del fracaso del diálogo al "inmovilismo" de la Xunta. "Llevamos escuchando la palabra inasumible desde hace mucho tiempo; los 180 euros que pedimos son asumibles y lo han hecho otras comunidades o se van a asumir porque están en negociaciones", ha añadido, antes de constatar que Gobierno y sindicatos están aún "muy lejos" en el plano económico.

Así, aunque ambas partes se han mostrado abiertas a retomar el diálogo, queda en el aire cuándo se producirá una nueva reunión. Los sindicatos se han mostrado favorables a acudir cuando sean convocados por la Xunta, pero Araújo ha matizado que, a día de hoy, no está en la voluntad del comité de huelga dar el primer paso. "Les toca mover ficha", ha zanjado.

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