Los juzgados gallegos cumplirán el miércoles un mes paralizados, a la espera de que las partes retomen el diálogo
lunes, 5 de marzo de 2018, 08:40
"Casi 10.000 juicios" aplazados y millares de trámites suspendidos: balance del primer paro indefinido de la justicia en la comunidad
Los juzgados gallegos cumplirán el próximo miércoles 7 de febrero un mes paralizados a raíz de la primera huelga indefinida de los funcionarios del sector --un colectivo integrado por unos 2.700 trabajadores-- en los más de 20 años transcurridos desde que se transfirió la competencia a la comunidad.
Con 18 jornadas lectivas --días laborales-- acumuladas de paro, el balance es "demoledor" y, según los cálculos de los sindicatos, se han aplazado "casi 10.000 juicios" (algunos hasta 2019 o 2020), una cifra que la Xunta ve exagerada. Pero hay que sumar otros millares de trámites y procedimientos jurídicos, puesto que los registros civiles también están "colapsados".
Distintos miembros del comité de huelga, en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC.OO., coinciden en apuntar que "cada semana de huelga supone un año de retraso" en un sistema judicial que, ya de por sí, está sobrecargado.
"Cuatro semanas, son cuatro años de retraso", calculan, mientras otras voces como los colegios de procuradores y abogados gallegos se han pronunciado ya públicamente para alertar de los efectos del paro y urgir a las partes, Xunta y sindicatos, a negociar para buscar una salida a un conflicto que deriva "en colapso".
Sin embargo y pese a que ambos insisten en que tienen "toda la voluntad" de negociar, comité de huelga y Gobierno gallego parecen haber llegado a un punto de difícil retorno y sus posturas, más alejadas que nunca. Así, los sindicatos preparan más actos reivindicativos y el vicepresidente, Alfonso Rueda, tiene previsto comparecer el martes en el pleno para abordar el conflicto.
Tras la última ruptura de las negociaciones, Rueda ofreció esta semana a los sindicatos sentarse en la mesa para hablar si suspenden el paro. Pero el comité de huelga ha respondido que no acepta "chantajes" y le piden que participe en el diálogo sin condiciones.
Es más, remarcan que la Xunta tiene "la obligación de negociar" e insisten en que debería haber un mediador. Para ello, han pedido reiteradamente el retorno del Consello Galego de Relacións Laborais.
PROPUESTAS
Rueda ha afirmado que si se sienta lo hará dispuesto a "hablar de todo", sin descartar el ámbito económico, pero tanto él como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se remiten, entre tanto, a la última oferta que la Administración dejó sobre la mesa.
En ella, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, la Administración se ha comprometido a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".
Sobre la oferta económica, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo --auxilios, tramitadores o gestores--) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.
Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos.
La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría aceptar es "inasumible" para las arcas públicas. Los sindicatos se remiten a una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, que apela a situar al colectivo "de la mitad para arriba" en la tabla salarial de las comunidades con la competencia transferida, y reclaman que "se cumpla el mandato parlamentario".