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Las administraciones intentan cumplir su promesa de reducir la temporalidad de sus plantillas, algo que ha suscitado algunas quejas de colectivos de funcionarios que denuncian que las plazas públicas no se pueden cubrir así.

Denuncian que el artículo 12 de la ley de acompañamiento afecta a unos 3.000 empleados que "van a acabar en la calle".