Interior saca a audiencia pública una orden ministerial del nuevo registro de viajeros

El Ministerio de Interior sacará a audiencia pública "en los próximos días" una orden ministerial sobre el Real Decreto 933/2021 sobre registro documental para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos, cuya aplicación entrará en vigor el 2 de diciembre, según han confirmado fuentes del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, el objetivo de este instrumento es regular el proceso para lograr que todas las compañías afectadas tengan más facilidad para introducir el conjunto de datos recogidos en la normativa. Por ello, esta audiencia pública, que tendrá una duración de dos semanas, dará la oportunidad a las empresas de proponer sus mejoras con respecto al registro.

Asimismo, el Ministerio ha confirmado que ya existen un borrador de la orden ministerial en referencia a los sistemas de automatizaciones, ya que serán "objeto de evolución" porque es probable que tengan lugar mejoras "en el futuro".

Por lo tanto, el próximo lunes, 2 de diciembre, entrará en vigor la aplicación de esta normativa, tal y como estaba previsto, por lo que será de obligado cumplimientos proporcionar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, que lleva disponible desde 2022, por lo que hay empresas que ya han volcado estos datos.

En este sentido, desde su creación, en la plataforma se han registrado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. Sumando todas estas empresas, se han registrado 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a estas empresas.

Esta totalidad de datos ha permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales, entrando en consonancia con la finalidad principal del decreto, que es mejorar la seguridad ciudadana.

"Este sistema representa una modernización del mecanismo hasta ahora vigente, basado en los libros-registro que debían mantener los propios establecimientos hoteleros, mecanismo ahora simplificado y agilizado gracias s a las posibilidades que ofrecen los modernos sistemas de comunicación electrónica", ha destacado el departamento ministerial.

RESPUESTA DE INTERIOR ANTE LAS CRÍTICAS DEL TURISMO
Ante las críticas constantes del sector turístico, el Ministerio ha defendido que este registro es "un instrumento policial de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", que "protagonizan los mayores ataques a la seguridad ciudadana".

En palabras de Interior, en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto, ha respetado el principio de transparencia y eficiencia al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que "se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias".

Sobre la elevada carga burocrática que critican las agencias, Interior ha argumentado que el proyecto de real decreto también fue analizado por el Consejo de Estado, que en su informe concluye que "nada tiene que oponer a la regulación que se propone, la cual supone una correcta adaptación de a regulación normativa sectorial sobre la que se actúa".

En relación a la posibilidad de un aumento de costes para las empresas afectadas, desde Interior ha asegurado que el nuevo registro no tiene por qué traducirse en esta posibilidad, descartando inversiones "considerables", ya que "los datos recabados son los mismos que hasta ahora".

Precisamente, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, aseguró ayer "no hay que hacer una bola enorme" del proceso de adaptación de la normativa, "similar a los muchos que hemos vivido en nuestro país" y de los cuales "siempre hemos salido con resultados brillantes".

De su lado, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) anunció este martes que está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar el Real Decreto debido "a la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros".

EMPRESAS AFECTADAS, DATOS A RECOGER Y SANCIONES
Según recoge la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto 933/2021 establece obligaciones de registro documental e información de las personas físicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

En el sector de alojamiento se incluyen hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico.

Igualmente, están dentro las actividades de alquiler de vehículos a motor sin conductor, las realizadas con el fin de facilitar su utilización por un tercero, por un tiempo determinado, y a cambio de una compensación, contraprestación o precio cierto.

La normativa engloba a los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas a la hospedería y los consumidores, y a la actividad de las plataformas digitales dedicadas, a título oneroso o gratuito, a la intermediación en estas actividades a través de internet, presten o no el servicio subyacente objeto de mediación, siempre que ofrezcan servicios en España.

En cuanto a la recogida de datos, se distinguen varias categorías. Por un lado, existen los datos de las personas físicas de las empresas obligadas, que son: nombre completo, sexo, DNI, TIE o pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual y dirección completa, teléfono, correo electrónico, número de viajeros que acompañan al cliente y relación de parentesco en caso de que alguno sea menor de edad.

Junto a estos datos se incluyen los datos de la transacción: número de referencia, fecha y firmas del contrato; fecha y horas de entrada y salida; y dirección completa, número de habitaciones y conexión a internet del inmueble. Además, existen datos del pago: tipo, titular del medio de pago, fecha de caducidad de tarjeta y fecha de pago.

Por último, aunque el Ministerio ha dejado claro que esta normativa no tiene un fin recaudatorio ni es para "llenar las arcas del Estado", se impondrán sanciones desde 601 a 30.000 euros en el caso de que sean graves, mientras que las multas leves serán de entre 100 a 600 euros.