Bruselas no acepta la legalización del antiguo tax-lease

Bruselas agotará sus opciones antes de aceptar la legalización del antiguo sistema de tax-lease gallego, el sistema de bonificaciones fiscales que utilizaban los astilleros españoles. La Comisión Europea acaba de presentar un recurso para la sentencia que anuló la ilegalización del sistema. 

 "La Comisión ha decidido recurrir la sentencia de del Tribunal General que anula la decisión de 2013 que declaraba ilegal el sistema de 'tax lease' bajo las normas de ayudas de Estado", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo comunitario encargado de Competencia, Ricardo Cardoso, quien ha añadido que la Comisión defenderá su decisión ante el Tribunal de Justicia.

Bruselas pidió en julio de 2013 a España que recuperara las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las subvenciones debían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

No obstante, el tribunal estimó el año pasado que la conclusión de la Comisión de que las medidas podían "falsear la competencia" y "afectaban a los intercambios comerciales" entre Estados miembros "no está suficientemente motivada".

Tras el recurso de Bruselas será la Corte Suprema quien tomará la decisión final, determinando si el antiguo sistema de financiación era legal o no. En todo caso, a día de hoy los astilleros ya cuentan con un nuevo sistema de arrendamiento financiero que ha sido avalado desde Europa. 

Independientemente de lo que decidan finalmente la justicia Europea, será difícil volver al momento anterior a la ilegalización temporal del tax-lease, que provocó el cierre de astilleros históricos y la pérdida de unos 8000 puestos de trabajo en las rías de Vigo y Pontevedra. 

LOS ASTILLEROS RECHAZAN EL RECURSO

La asociación de astilleros privados Pymar ha rechazado la "estrategia" dilatoria de la Comisión Europa. Su consejera delegada, Almudena López del Pozo, está convencida de que el recurso no tiene posibilidad de prosperar

López del Pozo señala que "la sentencia fue muy contundente, sólida y clara en sus términos al establecer que se había producido una actuación errónea de la Comisión y una manifiesta falta de motivación en la decisión ahora anulada".